A PROPÓSITO DEL PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE PETRO DE APLICAR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.

    A medida que avanza esta nueva era para Colombia de cambios y corrección de errores históricos, vamos entendiendo cuáles son las principales dificultades y los enemigos a los que hay que ganarles la partida si queremos construir LA PAZ TOTAL CON JUSTICIA SOCIAL.

    De manera rápida y seguramente superficial tocaré algunos temas sobre los cuales invito a reflexionar.

     

    Colombia pareciera condenada a estar eternamente en guerra, a la muerte, al sufrimiento a la violencia, por tanto al atraso y a no conocer el verdadero progreso.

     

    Todo comenzó por allá en 1492 cuando súbitamente nos llegó la invasión española. Llegaron los peores delincuentes españoles armados hasta los dientes, torturaron, asesinaron y sometieron a nuestros hermanos mayores exterminando su cultura, su organización territorial sometiéndolos desde 1492 hasta 1810; más de 300 años de muerte, violencia y tortura a unos pueblos que no habían cometido ningún delito, solo porque a esos invasores les pareció que no eran humanos.

     

    Solo hasta 1810 cuando triunfo la independencia de la mano del gran genio de la libertad Simon Bolivar y obvio después de mucho sacrificio representando en muerte, sufrimiento, sangre, sudor y lágrimas.

     

    Pero nada, después de gritar la independencia, ahí mismo empezó nuestra segunda desgracia, esta vez inventada y ejecutada por nosotros mismos.

     

    Apenas dos años después 1812, nos ideamos nuestra primera guerra, la de los federalistas contra los centralistas y desde entonces no hemos parado de matarnos entre nosotros mismos. Algunos historiadores documentan quince guerras, otros más de treinta, el número ya es lo de menos, lo cierto es que hasta hoy no hemos tenido ni una pequeña era de Paz.

     

    A partir de 1990 se han hecho serios intentos para parar la matanza y conseguir La Paz. Entonces el M-19, cinco organizaciones guerrilleras y varios grupos de milicias de Bogotá, Cali y Medellín firmaron un acuerdo de Paz con el Estado obteniendo como producto final la actual Constitución Política de Colombia, reconocida por constitucionalistas del mundo como un verdadero tratado de Paz y una de las mejores en la defensa de la vida y de los derechos humanos. Sin embargo los sucesivos gobiernos, le han hecho cerca de cincuenta reformas para desmontarla sistemáticamente fundamentalmente en temas de carácter social y búsqueda de la verdadera Paz.

     

    En medio de tanto martirio, tanta corrupción que campea en la mayoría de la sociedad,es decir, Estado y ciudadanía; ya que gracias a esa forma de gobierno instaurada por los sectores más recalcitrantes de la derecha gobernante, Colombia se ha mantenido en los primeros puestos de la inequidad y la corrupción en el mundo.

     

    En 2022, el pueblo colombiano toma una gran decisión que está empezando a implementar, un gobierno diferente y contrario a todo lo anterior: Que entre muchas otras cosas propone LA PAZ TOTAL CON JUSTICIA SOCIAL.


    El presidente se la está jugando toda para lograrla y llama a concertar la búsqueda de la Paz con la insurgencia y con todas las organizaciones generadoras de violencia. 

    Martes, 31 de enero de 2023.

    Desde luego, reconociendo que tal como se ha gobernado a Colombia, el Estado es el mayor generador de violencia, puesto que las oportunidades y el buen vivir solo son para una muy reducida clase social. 


    Al escribir esta nota empiezo a conocer la sentencia de la corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado colombiano por la muerte de casi todos los integrantes de un partido político, la UP; mataron como a seis mil o siete mil militantes. Ojo, estos son diferentes a los seis mil cuatrocientos dos muertos por el Estado en la época del uribismo.

     

    El gobierno progresista, que apenas lleva seis meses de instalado, consecuente con lo exigido por el pueblo y prometido en campaña, ha hecho las primeras propuestas consideradas estructurales para un cambio real.

     

    Reforma agraria, reforma política, reforma al sistema de salud, reforma a las relaciones laborales o al trabajo y reforma en los servicios públicos; a partir de una correcta interpretación del artículo 370 de la Constitución y del artículo 68 de la ley 142 de servicios públicos va asumir el manejo de tarifas y por ende la calidad de los servicios.

     

    Con solo hacer el anuncio de estas reformas y como se esperaba, aparecen los opositores al cambio, quienes encabezados por los medios de comunicación que son de su propiedad, empezando una encarnizada campaña para oponerse a las reformas y en defensa de los billonarios negocios que han montado desde sus gobiernos corruptos. 

     

    Gobernadores, parlamentarios, alcaldes pueblerinos y toda suerte de politiqueros están furiosos porque al acabarse estos negocios pueden perder su poder electoral. Esa miopía política, les impide ver y entender que aquí está la posibilidad del quiebre histórico de la violencia.

     

    En salud, lo propuesto es que la plata del presupuesto no se gire a rapaces particulares llamadas EPSs sino que se haga llegar directamente a los prestadores de los servicios de salud.

     

    Eso los pone furiosos porque el negocio de la salud se acaba o se hace menos rentable. Ni por un segundo quieren ver los inmensos beneficios que traería un fortalecimiento del sistema de salud público y privado en beneficio del servicio a los pacientes, solo les preocupa sus bolsillos.

     

    De otro lado, un político de Cundinamarca, Camilo Sanchez Ortega que hoy es presidente de ANDESCO, gremio de negociantes de los servicios públicos, utiliza para oponerse a que el presidente interprete correctamente la Constitución y la ley y pare el abuso contra los usuarios, dice que “no es posible hacer una reforma para darle gusto a una minoría que no tiene con que pagar los recibos de los servicios”, que inmenso desconocimiento o gran estupidez; desconoce este oligarquita de medio pelo, que son muchos millones de colombianos los que tienen que sacrificar comida, ropa, arriendo, felicidad, para poder pagar cada mes los recibos de los servicios públicos y que por el contrario, es una ínfima minoría a la que no le importa si el valor del servicio sube o baja ya que en su sector siempre hay servicios y de buena calidad.

     

    Están que matan y comen del muerto porque ha llegado un gobierno que les incomoda sus inmensas ganancias y que prioriza la suerte de los usuarios.

     

    Coinciden, gobierno nacional y Superintendencia de Servicios Públicos en la correcta interpretación de la Constitución y la ley así como en el recibido y obligatorio mandato popular y en la misionalidad para defender los intereses de los usuarios y marcar un hito en la historia de un buen gobierno.

     

    De manera pues, que los despojadores de tierra, los negociantes de la salud, los negociantes de los servicios públicos y toda suerte de pelechadores de los negocios que han montado desde los gobiernos corruptos se van a encontrar con el pueblo en las calles definiendo quién tiene la razón y decidiendo si ya es justo acabar con los elementos generadores de violencia y muerte o seguimos en el vergonzoso pasado.

     

    EL PUEBLO TIENE LA PALABRA!!


    Fuente: Jaime Gómez Camacho.

    Por Jaime Gómez Camacho.