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    El expresidente Álvaro Uribe acaba de ser reseñado como un preso en Colombia.

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    Así lo informó él mismo en sus redes sociales.

    Fue reseñado como el “preso #1087985”, según anunció el propio senador en sus redes sociales. La semana pasada, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria mientras continúa bajo investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión ya fue notificada al Senado.

     

    Una semana después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento (consistente en casa por cárcel) al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se hizo efectivo el procedimiento judicial correspondiente. Así lo anunció el propio exmandatario, quien subió a sus redes sociales la imagen luego de ser reseñado como el preso #1087985. De esa manera, el senador Álvaro Uribe Vélez quedó oficialmente detenido en su casa como presunto responsable, en calidad de determinador, de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión fue notificada por la Corte al Senado.

     

    La medida de aseguramiento fue tomada por la Sala de Instrucción el pasado 3 de agosto, de manera unánime, dentro de una investigación que se le adelanta al expresidente por presuntamente haber intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que Uribe fue promotor del Bloque Metro de las Autodefensas, y por, supuestamente, haber hecho gestiones -con oferta de prebendas incluidas- para conseguir en su favor la declaración de al menos dos exparamilitares, para que dijeran que habían recibido presiones del senador Iván Cepeda con el fin de hablar ante la justicia en contra suya. El expresidente ha negado de manera tajante haber cometido delito alguno.

     

    “Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”, dijo el expresidente en su cuenta de Twitter. Su defensa anunció ayer 11 de agosto que no interpondrá recurso de reposición en contra de la decisión que hoy lo tiene detenido, por considerar que en el proceso se han presentado irregularidades que afectan su derecho a defenderse, por lo que el recurso no sería efectivo. Además, la defensa solicitó que el expediente, que tiene reserva sumarial, sea público.

     

    En decisión de 1.554 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema consideró necesaria la medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de un entramado ilegal para manipular testimonios. La decisión asegura que el exmandatario sí sabía de las maniobras ilegales en las que habría incurrido su abogado Diego Cadena para acercarse al testigo Juan Guillermo Monsalve, así como al paramilitar Carlos Enrique Vélez, quien recibió no menos de $47 millones de parte de Cadena.

     

    “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”, concluyó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. En el primer caso, se buscó a Monsalve para que se retractara de haber dicho a la justicia que el senador tuvo nexos con el Bloque Metro luego de recibir múltiples visitas en prisión. Monsalve terminó enviando una carta a la Corte en la que supuestamente se retractaba, pero, a la vez, advertía de las presiones recibidas. Esta fue la carta remitida al alto tribunal:

     

    En el segundo caso, se hicieron acercamientos para que Carlos Enrique Vélez declarara en favor de Uribe en un procedimiento que incluyó pagos a él y a su familia, hechos por los que la Fiscalía le imputó cargos al abogado Diego Cadena. Según la Corte, el expresidente Uribe Vélez siempre supo de estas gestiones, que se tradujeron en cartas enviadas al alto tribunal en favor de él y en contra del senador Iván Cepeda, a quien Uribe ha acusado de maquinar un cartel de falsos testigos en su contra. Lo mismo pasó con la exparamilitar Eurídice Cortés, alias Diana, quien recibió recursos de Diego Cadena para buscar más testigos en favor de Uribe.

     

    “La prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador de las conductas punibles avistadas (...) El senador Uribe hizo nacer o reforzó en sus determinados (Cadena y su socio, el abogado Juan José Salazar), no solo en virtud de ese vínculo contractual, sino por su autoridad de ascendiente, la idea de llevar a cabo el hecho delictivo”, dice la decisión. La Corte agregó que que las pruebas evaluadas " permiten, y con suficiencia, colegir razonablemente que el senador Uribe indujo a Diego Cadena y a su equipo a realizar las conductas ilícitas de hacer entregas y prometer entregas de dinero y otras utilidades a cambio de obtener” testimonios como el de Vélez, el alias Diana o la retractación de Monsalve.

     

    Para la defensa del expresidente, la decisión de la Sala de Instrucción es “infundada y sin precedentes en la justicia del país, demuestra cómo a Álvaro Uribe se le han violado en este proceso seis principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia”. El abogado Jaime Granados aseguró que no era necesario dictar una medida de aseguramiento más de dos años después de iniciado el proceso y consideró que esta “no tiene nada de preventivo y suena más a vengativo”. Además, indicó que la decisión se basó en inferencias ya que -afirma Granados-en el expediente no habría una sola prueba o audio en el que Uribe Vélez haga referencia alguna a pedir que se cambien testimonios u ofrecimiento de beneficios.

     

    La defensa del exmandatario insiste en que en su proceso se incluyeron pruebas que habrían sido obtenidas de manera ilegal, en referencia a una interceptación hecha a su número telefónico en un proceso que se adelantaba contra el congresista Nilton Córdoba. El abogado Granados afirmó que la Sala de Instrucción no le habría permitido recaudar evidencias pedidas por él y que “no se practicaron pruebas esenciales para la defensa de Álvaro Uribe, como escuchar a testigos que afirmaron haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda: Mancuso, el Tuso Sierra, Monoleche”.

     

    Ahora, con el expresidente detenido -primera vez en la historia del país que por orden judicial un antiguo jefe de Estado es privado de su libertad-, la Sala de Instrucción tiene unos meses más para recaudar pruebas y definir si lo llama a juicio o si precluye el proceso. El expresidente asegura que nunca hizo nada contrario a la ley y, paralelo a su proceso, anda también el que se abrió a su exabogado, Diego Cadena, y al socio de este, Juan José Salazar. Cadena también quedó bajo detención domiciliaria y, aunque admite haber hecho ofrecimientos a los testigos que podrían beneficiar a Uribe, reitera que no lo hizo para sobornar, sino, como el propio Uribe ha señalado, para buscar la verdad.

     

    Miércoles, 12 de Agosto de 2020.