El próximo 5 de mayo, el precandidato presidencial Sergio Fajardo será imputado por presuntas irregularidades en un contrato de empréstito -un préstamo que una entidad financiera le hace a una institución del Estado-, entre el banco Corpbanca y la Gobernación de Antioquia, el 5 de diciembre de 2013.
La defensa de Fajardo solicitó evaluar la decisión, pero la Fiscalía se lo negó a menos de una semana para llevar a cabo la audiencia. No hay marcha atrás.
Según la Fiscalía, a finales de 2013, la Gobernación de Antioquia obtuvo un préstamo por US$ 77 millones por parte de Corpbanca.
Para el ente investigador, Sergio Fajardo habría ordenado el gasto, firmando el contrato y aprobando el pagaré que garantizaba el préstamo, con el cual se pretendía cubrir deudas con otros bancos.
Para la fiscalía, el exgobernador de Antioquía, no habría evaluado la necesidad de aprobar el préstamo en dólares, como tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
La hipótesis investigativa de la institución es que pudo haber un detrimento fiscal por la devaluación de la moneda colombiana frente al dólar, pues en 2013 el dólar estaba a $1.926 y, dos años después, para 2015, la divisa extranjera incrementó su valor a $3.140.
El abogado Mauricio Pava, representante de Fajardo, solicitó a la Fiscalía convocar un comité técnico-jurídico, para evaluar la imputación anunciado contra se defendido.
Sin embargo, hoy el fiscal general Francisco Barbosa le respondió a Mauricio Pava en una carta de tres páginas.
Lo primero que hizo el fiscal Barbosa fue dejar claro que, según la Constitución, él está en la capacidad de “determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley”.
Luego, la máxima cabeza de la institución le respondió al abogado del precandidato, indicándole que la convocatoria de un comité técnico-jurídico es iniciativa de funcionarios de la entidad y no de representantes de las partes involucradas en los procesos penales.
Sin embargo, el fiscal general dejó claro que cualquier abogado podría solicitar la conformación de un comité, a través de un derecho de petición. “Se trata de una herramienta de uso excepcional”, respondió.
“En el caso bajo examen, las decisiones adoptadas dentro de la actuación penal de la referencia son producto de una investigación extensa, juiciosa y fundamentada en elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, por parte de la fiscal delegada que lidera el caso.
A su vez, el abogado de Fajardo cree que la investigación de la Fiscalía no fue suficiente y asegura que el estudio de necesidad lo hizo, en su momento, el Comité Financiero y de Tesorería del Departamento de Antioquia.
Viernes, 30 de Abril de 2021.
Fuente: Fiscalía General de Nación.