Procuraduría entregó observaciones frente resolución que permite pesca incidental de tiburones y rayas en el país

La Procuraduría General de la Nación remitió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP, sus observaciones frente a la resolución que incluye nuevamente como recurso pesquero a 15 especies de tiburones y rayas marinas en todo el territorio nacional, modificando al artículo 2º de la Resolución 380 del 5 de marzo de 2021.

 

A través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, el ente de control refirió desde la esfera preventiva, sus comentarios y advertencias sobre la propuesta de que se autorice el aprovechamiento integral de estas especies marinas, cuando son pescados de forma accidental en las comunidades costeras.

El ente de control expreso lo siguiente: 

 

  1. La resolución vulnera el principio de la no regresión en materia ambiental, es decir, es alarmante que el país retroceda en materia de protección y conservación de la biodiversidad, volviendo a permitir el aprovechamiento pesquero de unas especies que se encuentran en riesgo de desaparecer. 
  2. La resolución se convierte en un incentivo perverso para propiciar, promover y permitir la pesca ilegal, ya que, al abrir la ventana para que estas 15 especies sean consideradas como recurso pesquero, susceptible de ser aprovechado, favorecerá el aumento en las capturas y la instrumentalización de los pescadores artesanales y ancestrales por parte de organizaciones criminales dedicadas a la exportación en el mercado negro por el elevado precio de sus productos y subproductos.
  3. Se considera que vulnera normas de carácter superior, es decir desconoce el artículo 80 de la Constitución Política que señala que el “Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución”. También es incompatible con el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de Río de Janeiro y con el decreto único reglamentario 1076 de 2015.
  4. El acto administrativo genera incertidumbre frente a las medidas para su control y contención, ya que no prevé medidas para controlar, evitar y contener el transporte y movilización de estas especies amenazadas cuando se produzca su captura.
  5. Los efectos son desproporcionados frente a la finalidad que pretende, ya que, si la finalidad es garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones de pescadores artesanales y ancestrales, resulta desproporcionado poner en riesgo 15 especies amenazadas y en peligro de extinción para garantizar la seguridad alimentaria producida por la pesca incidental.
  6. No se puede argumentar que la expedición tenga como objetivo “proteger la salud de las poblaciones de dichos organismos”, toda vez que una medida de ésta índole sólo sería aplicable cuando haya superpoblación y sea necesario hacer control para evitar su colapso, lo cual no es el caso.
  7. Mencionar que la pesca se basa en el azar no es una afirmación acertada, toda vez que hay unas especies objetivo para las cuales se diseñan unos artes de pesca que son más o menos selectivos y en el caso de los segundos hay aditamentos o diseños que permiten reducir la pesca incidental y/o acompañante. 
  8. Igualmente es claro que el objetivo del acto administrativo debería ser el de reducir la pesca incidental de cartilaginosos en concordancia con el Plan Ambiental para la Conservación y Conservación de Tiburones expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y no el de abrir la puerta a la captura indiscriminada. También es importante anotar que se puede expedir un acto administrativo que permita a las comunidades el aprovechamiento de las capturas incidentales dentro de sus prácticas ancestrales sin que sea necesaria su inclusión como recurso pesquero.

 

Por todo lo expuesto, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, exhortó a las carteras ministeriales y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, considerar una revocatoria directa por cuanto ya se conoce una demanda en el contencioso administrativo. 

 

También, las entidades deberán remitir los soportes técnicos, científicos y sociales para tomar la decisión, teniendo en cuenta que las condiciones que originaron la exclusión de éstas especies como recurso pesquero no han cambiado, e inclusive según la UICN las poblaciones tienen una tendencia decreciente, lo cual pone en riesgo su supervivencia.

Marzo, 8 de Marzo de 2024.